¿Debemos consumir?

Hoy ha sido de esos días especiales. Hacía tiempo que siendo un teórico día de labor que en parte lo ha sido no me levantaba más tarde de las 7:30, no compraba cinco periódicos para ver algunos de los ecos del acto de ayer de presentación del manifiesto Cultura abierta, no encendía el ordenador hasta después de comer, mejor dicho, de picar alguna cosilla al mediodía.

En esa lectura de prensa que ha podido ser bastante reposada me he encontrado con un artículo en El País en el que se afirma, de manera indirecta el ‘deber de consumir‘. Zapatero ya instó en su momento también a consumir.

Supongo que el que me rechinen este tipo de invitaciones viene a estar bastante influenciado por la lectura que tengo entre manos: Vida de consumo de Zygmunt Bauman.

Justo ayer y antes de haber leído el artículo en relación a un texto de la página 95 que trascribiré a continuación me apuntaba una nota con tres palabras: Consumo, Estado y Zapatero.

Aunque es un poco larga y no es mi intención fastidiar este modelo de vacaciones navideñas gastadoras donde hasta los productos culturales toman valor de consumo adecuado por barato como en el caso del libro, creo que merece la pena reporducirla.

Mucho más revolucionaria…es otra tendencia que mina los cimientos más profundos de la soberanía del Estado: la inclinación de ese Estado debilitado a ceder muchas de sus funciones y prerrogativas a los poderes impersonales del mercado. O la rendición incondicional del Estado al chantaje con el que las fuerzas del mercado contrarrestan las políticas que favorecen y votan los electores, fuerzas que arrebatan a la ciudadanía su carácter de punto de referencia y árbiro definitivo de las normas políticas.

Como resultado de esta tendencia se ha ensanchado la brecha entre el poder de actuar, que ahora se ha deslizado hacia los mercados, y la política, que si bien sigue siendo del dominio del Estado, es despojada progresivamente de su libertad de maniobra y su poder para fijar las reglas y arbitrar el juego. Ésta es en realidad la principal causa de la erosión de la soberanía del Estado. Si bien continúan articulando, dictando y ejecutando los veredictos de exclusión y desalojo, los organismos del Estado ya no son dueños de decidir los criterios de esa «política  de exclusión» o los principios de su plicación. El Estado en su conjunto, incluidos sus brazos legislativo y judicial, se convierte en el ejecutor de la soberanía de los mercados.