Los libreros, de Canarias en este caso, protestan por la venta de libros de texto en los colegios. Piden a las administraciones que lo prohiban por considerar que ejercen una actividad ilegal, intrusismo y competencia desleal que provocará el cierre de decenas de establecimientos.
Es la cantinela que continúa y que en estos tiempos, además, va a ser difícil que cambie con la que está cayendo.
Más cuando los editores que venden a las Ampas parecen encontrar aquí una buena vía de negocio como parecen demostrarlos los propios datos de Comercio Interior ya que la cifra de facturación por parte de los editores aumenta porcentualmente en los últimos cinco años, del 2007 al 2011, más de ocho puntos.
Nadie podría hacer competencia desleal si no tuviera material para vender. Es decir: si las editoriales no les vendieran directamente.
La patronal de las editoriales de libros de enseñanza, ANELE, tiene en vigor un código de conducta para sus asociados en el que, por lo que he podido ver no se hace ninguna referencia a canales de comercialización, sino, sobre todo, al tema de incentivos en la promoción.
Así, en su artículo 8e dice:
A efectos de garantizar la independencia de las decisiones relacionadas con la prescripción de libros de texto y materiales de enseñanza, se abstendrán de ofrecer –directa o indirectamente‐ cualquier tipo de incentivo, obsequios, libros de texto o materiales de enseñanza, regalos, primas o donaciones, en metálico o en bienes, a los centros o a cualquiermiembro de la comunidad educativa. No se será admisible la entrega de dispositivos electrónicos o digitales susceptibles de uso personal, aunque puedan tener uso profesional y/o educativo.
No todas las editoriales que comercializan libros de texto están asociadas a ANELE. Por ejemplo, Edelvives no lo está.
La discusión, si se considera de sector, como tantas otras veces, debe ser interna. Los padres, sobre todo en determinadas zonas y centros públicos estarán por la labor de conseguir el material lo más barato posible y creo que en estos momentos es comprensible. No digo que sea legal ni justo, pero en este terreno, el de la legalidad, la justicia y la coherencia de cara al mantenimiento del sector quizás los interlocutores deban ser otros.
Mala papeleta, sobre todo si se sigue apuntando al señuelo para que los señoritos que han salido de caza se vayan de rositas.